lunes, 4 de febrero de 2013

Consumir preferentemente antes de…

La presunta participación de la Familia Real en casos de corrupción ha despertado las voces de la disidencia


La figura del rey Juan Carlos I supone, desde hace años, un personaje indudablemente cómico, querido por los españoles y premiado por numerosas instituciones internacionales. No obstante, siempre se ha visto involucrado en casos polémicos, como la muerte discutidamente accidental de su hermano Alfonso, heredero de la Corona, o el intento de golpe de Estado del 23-F. En los últimos años, ha sido objeto de rumores sobre infidelidades y críticas por sus actos, ya sea por mandar callar públicamente al presidente venezolano o por cazar elefantes tras pedir austeridad a la nación. Pero ha sido la implicación de su yerno, el duque de Palma de Mallorca Iñaki Urdangarín, en un caso de presunta corrupción lo que ha llevado a muchos a cuestionar la validez actual del rey y su familia.

Por un lado, es cierto que la salud del monarca es precaria y que ha necesitado intervenciones quirúrgicas cada vez más frecuentes. Por el otro, la Casa Real goza de un presupuesto anual de unos ocho millones de euros apenas justificados, si bien es verdad que otros jefes de Estado europeos perciben cifras mucho mayores. Pero el auténtico reproche que debe hacerse a la figura del rey de España y sus afines son sus extremas prerrogativas constitucionales.

La persona del rey de España es inviolable e irresponsable por todos sus actos, lo que en la práctica se ha traducido en la atribución al mismo de meras funciones simbólicas y de representación. Además, el Código Penal español ha sido usado con demasiada ligereza para castigar supuestas injurias a la Corona, como determinados vituperios mediáticos o la quema de fotografías de los monarcas, lo que el Colegio de Abogados de Barcelona ha justificado alegando que, como institución «impuesta», la monarquía debe aceptar las críticas de la ciudadanía.

En definitiva, aunque es innegable el valor histórico e incluso actual —especialmente como diplomático— del rey, parece una figura arcaica y destinada a extinguirse. De momento, el príncipe Felipe no ha tenido ocasión de llevar a cabo ningún acto destacable que justifique su merecimiento del trono, por lo que quizá sea el momento de abogar por el cambio y buscar una fórmula alternativa más afín a la nueva realidad del Estado social y democrático de derecho.

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