En su primer día de vigencia, la ley ya ha cosechado innumerables críticas de diferentes sectores de la sociedad
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida como Ley Wert e impulsada por el actual ministro de educación, José Ignacio Wert, se aprobó ayer con el consiguiente revuelo. Esta ley ha despertado una gran polémica a nivel social y político por los grandes cambios que implica, entre ellos la supresión de la Selectividad, implantada en España desde el año 1986 y que será sustituida con evaluaciones nacionales externas de competencias básicas —diseñadas por el Gobierno— al final de la secundaria obligatoria (ESO) y bachillerato para todos los alumnos, que habrán de superarlas para titularse.
El tema más discutido, sin embargo, ha sido que la calificación obtenida en la asignatura de Religión —optativa para alumnos de primaria y ESO— contará en las notas ordinarias y pasará a engrosar la nota media. Esto resulta una medida algo atrevida si se tiene en cuenta que el Estado español es aconfesional. Nada impide que quien lo desee pueda cursar la asignatura, pero tenerla en cuenta para la media es una decisión que podría plantear conflictos tales como la elección de la asignatura por considerarse más fácil de superar y saber que puede subir la media del alumno.
Poco se puede decir sin hacer suposiciones con la ley recién aprobada, pero una cosa es cierta: ya son ocho reformas de la ley de educación las que se han hecho desde la Ley General de Educación (LGE) en 1970, incluidas la LOGSE (1990), la LOCE (2002) y la LOE (2006). Ocho reformas en 40 años no puede ser algo bueno y quizá sea esa inestabilidad lo que haga que la educación española sea tan pésima. Necesitamos que los políticos establezcan un sistema efectivo al margen de sus ideologías y que lo apliquen sin necesidad de modificaciones cada vez que cambia el Gobierno. La educación no puede depender del bipartidismo existente en este país; los jóvenes son el futuro de la nación.
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