Los graves defectos de la red socavan la credibilidad del sistema de transporte público madrileño
La tarjeta transporte público de Madrid cumplirá la semana que viene dos meses de uso obligatorio en la zona A del entramado urbano de la Comunidad. Con un lustro de retraso y una década desde su primer anuncio, la nueva tarjeta telemática —implantada desde hace años en otras capitales europeas, como París y Londres— por fin ha tenido ocasión de demostrar sus indudables y tan proclamadas ventajas... y también sus inconvenientes.
Gracias a la tarjeta sin contacto, más de 350.000 usuarios han podido despedirse del engorroso abono transporte, que consta de una tarjeta identificativa y un cupón mensual o anual, ambos requeridos a la hora de hacer uso del transporte público madrileño. Sin embargo, algunos viajeros se han visto recientemente en apuros ante los inevitables errores de los lectores magnéticos, ya que la única forma de demostrar que la nueva tarjeta está cargada es mediante un dispositivo exclusivo de los inspectores de la red o portando el resguardo de la recarga. En otras palabras, los usuarios han pasado de necesitar una tarjeta y su correspondiente bono a otra tarjeta y su correspondiente recibo; todo un avance por el módico precio de 25 millones de euros, según estimaciones del Consorcio de Transportes de Madrid.
Esta situación pone de manifiesto dos graves problemas que sufre en la actualidad el sistema de transporte público madrileño. El primero es la cosificación de un servicio público, materializado en una tarjeta que deja de funcionar como justificante o soporte para convertirse en producto en sí mismo, como habrá podido constatar cualquier usuario que haya extraviado alguna vez el cupón de su abono: aunque por definición éste no es más que el comprobante de una acreditación para viajar en transporte público, la Administración carece de recursos telemáticos para elaborar un duplicado en caso de pérdida o hurto, aun presentando el resguardo. En palabras de una empleada del metro, «pedir otro abono es como pedir otro jersey en la tienda con el ticket».
El segundo gran problema es el notorio desconocimiento por parte de los trabajadores de la red de transporte público de los derechos que tienen los viajeros. Y ya que la Comunidad destina más esfuerzos y dinero a la promoción que a la información, los usuarios tampoco tienen por qué saber que no existe obligación legal de acompañar la nueva tarjeta del justificante de recarga (no así el abono y su billete), ya que aquélla contiene toda la información necesaria. O que los conductores de autobuses pertenecientes a la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) —no se entiende la excepción del Reglamento de Viajeros del Transporte Interurbano— no pueden negar el trayecto a quienes no dispongan de moneda fraccionaria, sino que deben dar cambio «hasta cinco veces el precio del billete, si dispusiese de cambio para ello, o en su defecto el que tuviese disponible en ese momento, facilitando el resto del cambio pendiente» a través de las oficinas centrales de la EMT.
Ambos inconvenientes obstaculizan el adecuado funcionamiento del pretenciosamente autoproclamado «mejor transporte público del mundo», denominación que probablemente cada vez menos personas estén dispuestas a secundar. Se hace necesario que la Administración madrileña atienda a las demandas de los usuarios y deje de publicitar el mejor servicio para empezar a prestar uno de calidad.
