Toda una generación de graduados en Derecho no puede ejercer su profesión... en virtud de la Ley
La prensa escrita anunciaba la semana pasada la creación de la plataforma 'Abogados sin toga' para hacer pública la situación de centenares de graduados en Derecho sin posibilidad de ejercer. Tras cuatro años de carrera, un máster de formación y 600 horas de prácticas —generalmente no retribuidas—, una generación entera de graduados se han convertido en ninis forzosos debido a la falta de convocatoria del examen final previsto en la Ley 34/2006 de acceso a la abogacía. Los portavoces de la plataforma denuncian este 'limbo' en el que se encuentra la más reciente promoción de graduados en Derecho, que no pueden desempeñar su oficio por no estar colegiados ni seguir realizando prácticas por no ser estudiantes.
La citada ley exige para la colegiación de los titulados en Derecho la acreditación de su capacitación profesional mediante una prueba específica tras «la superación de la correspondiente formación especializada». Dicha prueba había sido anunciada para abril o mayo del presente año, pero el Ministerio de Justicia no ha confirmado la convocatoria y los afectados desconocen su estructura y temario. Entretanto, el foco del debate se ha dirigido en muchos casos hacia la denuncia de la discriminación sufrida por los graduados frente a los antiguos licenciados.
Tras la entrada en vigor del plan Bolonia, las licenciaturas, diplomaturas e ingenierías fueron sustituidas por los grados para los estudiantes de nuevo acceso; los que ya se encontrasen cursando una titulación por el plan antiguo podrían finalizarla sin pasarse al grado, salvo en aquellos casos en que una asignatura quedara extinta en segunda o tercera matrícula. De igual modo, la Ley 34/2006 estableció una quita para titulados en Derecho que se colegiasen antes del 1 de noviembre de 2013 y licenciados que procedieran a colegiarse dentro del plazo de dos años desde el fin de sus estudios. Esta prórroga sólo para los licenciados —que ha provocado incrementos de más del 2.000 % en el número de colegiados de localidades como Lucena (Córdoba), donde las cuotas son menores— pone de manifiesto la inexistencia de una equivalencia jurídica con los graduados, a los que se les requiere además completar un curso de formación de año y medio y la mencionada prueba de acceso.
Entre los motivos de esta flagrante discriminación, los licenciados arguyen la mayor duración de sus estudios frente a los actuales grados (cinco años con asignaturas anuales y cuatrimestrales en vez de cuatro años con asignaturas sólo cuatrimestrales), lo que determina un mayor grado de dificultad debido al superior volumen de contenido y la imposibilidad de 'liberar materia' por medio de exámenes parciales. Según algunos, el itinerario de los grados es muy inferior al de las licenciaturas, como se demuestra al comparar los manuales propuestos para cada plan de estudios, ya que es imposible estudiar en cuatro años lo que a duras penas se conseguía dar en cinco.
Los anteriores argumentos se sustentan en el patente desconocimiento por los licenciados en Derecho de la dinámica de estudio en los grados, especialmente por lo que se refiere al grado en Derecho. En una rama educativa profesionalmente envejecida, los cambios legislativos en materia de educación apenas alteran la estructura del itinerario formativo, que contempla los mismos temarios (incluso algunos adicionales, como la competencia idiomática) y los mismos manuales que la anterior licenciatura. De esa forma, no sólo no se ha reducido la materia objeto de estudio, sino que actualmente se enseña el mismo contenido, en algunos casos, en la mitad de tiempo, como recuerdan numerosos docentes durante la presentación de sus asignaturas. Ése es el motivo de que los actuales créditos ECTS contemplen también las horas de trabajo fuera del aula: supone la mayor parte del tiempo que los estudiantes de grado deben dedicar a sus estudios.
Al igual que los estudiantes de licenciatura, en los grados son preceptivas las pruebas prácticas y teóricas, quedando a elección del profesor la posibilidad de establecer exámenes parciales, liberatorios o no. Asimismo, es totalmente erróneo que en el grado parte de la calificación consista en asistir a clase; bien al contrario, la asistencia es obligatoria —independientemente de que determinados docentes no la exijan— para poder presentarse al examen final de la asignatura.
Además de las prácticas externas requeridas en ambos planes de estudios, los estudiantes de grado deben realizar un trabajo de fin de grado y presentarlo ante un tribunal para conseguir su título. Sin embargo, todo ello aún no parece suficiente para la plena equiparación con los licenciados, por lo que la norma anteriormente mencionada exige también superar una «formación especializada», a la que se ha dado el nombre de Máster de Acceso a la Abogacía para acogerse a los precios públicos contemplados para los másteres oficiales, que en la capital oscilan entre los 3.150 euros en universidades públicas y los 16.200 en las privadas, según la agencia EFE. Dicho de otro modo, a los 6.480 euros (27 euros por crédito en primera matrícula) que se puede llegar a gastar actualmente un estudiante de Derecho en Madrid se les deben añadir los gastos del máster obligatorio (para el que todavía no se prevén las ayudas contempladas en la ley), los de la eventual prueba de acceso y los inevitables gastos de colegiación (472 euros en Madrid más una cuota trimestral de entre 40,65 y 103,50 euros según la antigüedad).
En resumidas cuentas, después de una inversión de 10.000 euros como mínimo, nada ni nadie garantiza a los graduados en Derecho que podrán ejercer la profesión para la que han sido formados durante más de cinco años. Mientras tanto, las universidades y los colegios de abogados se frotan las manos ante la vulneración de los derechos fundamentales a trabajar y a recibir una formación que capacite para el ejercicio de actividades profesionales. Un crimen perfecto con el beneplácito y la complicidad de los poderes públicos.
