¿Un gasto inasequible?

La LOMCE llega en un momento de crisis en el que se plantea más perjudicial que provechosa

Las manifestaciones contra la llamada ley Wert se suceden semana tras semana. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa o LOMCE, cuyo proyecto de ley definitivo fue presentado el 17 de mayo de este año, lleva enfrentándose a la oposición popular contra viento y marea desde su concepción como alternativa a la Ley Orgánica de Educación (LOE) hace ya siete años. En concreto, el movimiento estudiantil se ha opuesto férreamente al sistema de reválidas, pruebas externas de evaluación que deben realizarse al finalizar cada etapa educativa (Primaria, ESO y Bachillerato), sin perjuicio de que cada universidad o facultad pueda elaborar una prueba de acceso propia, de modo que el alumno podría tener que superar dos exámenes para acceder a la universidad.

El sistema de reválidas está, en principio, correctamente planteado, habida cuenta de que el examen posee una naturaleza meramente orientativa en la transición de Primaria a la ESO. Sin embargo, el acceso a la universidad se ve afectado por una doble imposición (lo que en Derecho se prohíbe bajo el nombre de imposición bis in idem) en un intento por «fomentar la competitividad y la cultura del esfuerzo». Es aquí donde el Gobierno de Mariano Rajoy ha incurrido en un error fatal: la educación pública (ni aun la privada) no es un negocio ni tampoco una empresa. Si bien debe ser objeto de admiración y aplauso el fomento de la cultura del esfuerzo, se debe rechazar de todo punto una visión competitiva del sistema educativo —propia de una sociedad americanizada, donde impera el paradigma de la teoría de empresa—, puesto que la educación española siempre se ha caracterizado (y ello es digno de elogio) por apostar por el aprendizaje y no por la mera formación o adiestramiento.

En este sentido, resulta también censurable la concepción por itinerarios de la educación secundaria, que ya se observa desde la instauración de la LOE. Parece difícilmente justificable en una sociedad que concibe a los menores de 16 años como niños que se permita a los mismos decidir el itinerario educativo que deberán seguir el resto de su vida y que condicionará irremediablemente sus estudios universitarios y, por ende, su futura profesión (pues el cambio de un itinerario a otro sólo puede realizarse con un esfuerzo extraordinario por parte del alumno), especialmente cuando en la práctica los padres de éstos pueden imponer su criterio sin contar con la opinión de sus hijos. De igual manera, no todos los menores están preparados a la edad de 14 o 15 años para escoger entre el Bachiller y la formación profesional ni se les debe obligar en caso de no conseguir avanzar a «aprender los rudimentos de un oficio validado con un certificado del Ministerio de Trabajo», pues ello vulnera la naturaleza pretendidamente obligatoria de la educación secundaria.

Ciertamente, uno de los principales problemas a los que debe enfrentarse la educación española en la actualidad es que no existe la mencionada cultura del esfuerzo ni una inquietud intelectual o una voluntad de aprender, pero no sólo en la comunidad de estudiantes, sino en la sociedad en general, y ello con el beneplácito y la complicidad del Gobierno, que, lejos de fomentar la cultura, le pone trabas y la cuestiona públicamente. No obstante, existe otro inconveniente que ya observó el expresidente italiano Giovanni Leone hace cuatro décadas. En una entrevista concertada en 1973 con la renombrada periodista Oriana Fallaci, Leone se refirió al «increíble aumento de la población escolar sin un adecuado incremento de las instalaciones y de los medios didácticos» o, lo que es lo mismo, «el hecho de haber facilitado el ingreso a la universidad sin tener en cuenta un criterio selectivo más riguroso y sin haber preparado las estructuras necesarias».

El entonces presidente de la República Italiana proseguía su discurso en estos términos: «Se han suprimido las barreras que sólo permitían el acceso a los que tenían más méritos, pero al mismo tiempo no se han dado las suficientes aulas para que pudieran estudiar. Se ha pasado de la injusticia de una escuela reservada a unos pocos pudientes a la injusticia de una escuela que no sólo acepta a quien no lo merece, sino que además es, en determinados sentidos, una escuela inadecuada. Con la escuela obligatoria quisimos liquidar el analfabetismo. En cambio, en cierto sentido, lo hemos alentado». Aunque la España actual no es comparable a la Italia de los años setenta, resulta cuando menos admirable descubrir que hace 40 años ya se conocían los motivos de la crisis educativa en los países del Mediterráneo.

Según los datos del Espacio Madrileño de Enseñanza Superior (EMES) para el curso pasado, el 99,72 % de los bachilleres madrileños se presentaron a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en 2013, de los cuales aprobaron más de 92 %. En consecuencia, casi el 92 % —un 7,4 % más que hace cinco años— de los bachilleres madrileños han tenido la posibilidad de acceder a la universidad el presente curso, lo cual sólo supone algo menos de tres cuartos de los nuevos universitarios. Si a ello se le suma la decrediente oferta de recursos materiales y humanos, la consecuencia evidente es una masificación de las aulas en un sistema supuestamente concebido para un máximo de 65 alumnos por clase.

Con el fin de paliar esta situación, el remedio ideado por el Gobierno ha sido una nueva subida de las tasas universitarias. A modo de ejemplo, en la Comunidad de Madrid el aumento ha ascendido a un 20 % adicional con respecto al año pasado, en el que ya se había subido el precio un 38 %; por tanto, actualmente los estudios universitarios son un 65,6 % más caros en Madrid que hace tan sólo dos años. A pesar de ello, los recortes en educación se han seguido sucediendo y algunas universidades públicas se han escudado recordando en sus recibos que el Estado subvenciona aproximadamente un 85 % del precio real de las carreras universitarias, lo que, si bien es cierto, jamás debería ser usado a discreción como instrumento para justificar el aumento de las tasas.

Esta utilización defensiva de un recordatorio tan incuestionable como necesario es sintomática de una concepción por parte del Gobierno de la educación como un gasto y no una inversión. Por tanto, si ya ha quedado demostrada la falta de rentabilidad del gasto en educación, parece incomprensible por qué no se ataca el problema de raíz mediante un endurecimiento de la PAU: a menos universitarios, menor gasto público. Quizá esta inactividad del Gobierno responda a una firme voluntad de promover al máximo los estudios universitarios y así espolear el pensamiento crítico y la reflexión en los jóvenes (y no tan jóvenes) estudiantes. O quizá se deba a que, después de cuatro años (como mínimo) abonando semejantes cantidades, muchos alumnos acaben pagando algo más del 15 % del precio real de la matrícula mientras la inversión en educación (y, por consiguiente, su calidad) continúa decreciendo y las aulas se saturan más cada curso, con lo que no queda en ellas espacio para la reflexión... y, a duras penas, para los propios alumnos.

Transporte público de Madrid: El cliente nunca tiene la razón

Los graves defectos de la red socavan la credibilidad del sistema de transporte público madrileño

La tarjeta transporte público de Madrid cumplirá la semana que viene dos meses de uso obligatorio en la zona A del entramado urbano de la Comunidad. Con un lustro de retraso y una década desde su primer anuncio, la nueva tarjeta telemática —implantada desde hace años en otras capitales europeas, como París y Londres— por fin ha tenido ocasión de demostrar sus indudables y tan proclamadas ventajas... y también sus inconvenientes.

Gracias a la tarjeta sin contacto, más de 350.000 usuarios han podido despedirse del engorroso abono transporte, que consta de una tarjeta identificativa y un cupón mensual o anual, ambos requeridos a la hora de hacer uso del transporte público madrileño. Sin embargo, algunos viajeros se han visto recientemente en apuros ante los inevitables errores de los lectores magnéticos, ya que la única forma de demostrar que la nueva tarjeta está cargada es mediante un dispositivo exclusivo de los inspectores de la red o portando el resguardo de la recarga. En otras palabras, los usuarios han pasado de necesitar una tarjeta y su correspondiente bono a otra tarjeta y su correspondiente recibo; todo un avance por el módico precio de 25 millones de euros, según estimaciones del Consorcio de Transportes de Madrid.

Esta situación pone de manifiesto dos graves problemas que sufre en la actualidad el sistema de transporte público madrileño. El primero es la cosificación de un servicio público, materializado en una tarjeta que deja de funcionar como justificante o soporte para convertirse en producto en sí mismo, como habrá podido constatar cualquier usuario que haya extraviado alguna vez el cupón de su abono: aunque por definición éste no es más que el comprobante de una acreditación para viajar en transporte público, la Administración carece de recursos telemáticos para elaborar un duplicado en caso de pérdida o hurto, aun presentando el resguardo. En palabras de una empleada del metro, «pedir otro abono es como pedir otro jersey en la tienda con el ticket».

El segundo gran problema es el notorio desconocimiento por parte de los trabajadores de la red de transporte público de los derechos que tienen los viajeros. Y ya que la Comunidad destina más esfuerzos y dinero a la promoción que a la información, los usuarios tampoco tienen por qué saber que no existe obligación legal de acompañar la nueva tarjeta del justificante de recarga (no así el abono y su billete), ya que aquélla contiene toda la información necesaria. O que los conductores de autobuses pertenecientes a la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) —no se entiende la excepción del Reglamento de Viajeros del Transporte Interurbano— no pueden negar el trayecto a quienes no dispongan de moneda fraccionaria, sino que deben dar cambio «hasta cinco veces el precio del billete, si dispusiese de cambio para ello, o en su defecto el que tuviese disponible en ese momento, facilitando el resto del cambio pendiente» a través de las oficinas centrales de la EMT.

Ambos inconvenientes obstaculizan el adecuado funcionamiento del pretenciosamente autoproclamado «mejor transporte público del mundo», denominación que probablemente cada vez menos personas estén dispuestas a secundar. Se hace necesario que la Administración madrileña atienda a las demandas de los usuarios y deje de publicitar el mejor servicio para empezar a prestar uno de calidad.

La Ley Wert siembra el descontento

En su primer día de vigencia, la ley ya ha cosechado innumerables críticas de diferentes sectores de la sociedad

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida como Ley Wert e impulsada por el actual ministro de educación, José Ignacio Wert, se aprobó ayer con el consiguiente revuelo. Esta ley ha despertado una gran polémica a nivel social y político por los grandes cambios que implica, entre ellos la supresión de la Selectividad, implantada en España desde el año 1986 y que será sustituida con evaluaciones nacionales externas de competencias básicas —diseñadas por el Gobierno— al final de la secundaria obligatoria (ESO) y bachillerato para todos los alumnos, que habrán de superarlas para titularse.

El tema más discutido, sin embargo, ha sido que la calificación obtenida en la asignatura de Religión —optativa para alumnos de primaria y ESO— contará en las notas ordinarias y pasará a engrosar la nota media. Esto resulta una medida algo atrevida si se tiene en cuenta que el Estado español es aconfesional. Nada impide que quien lo desee pueda cursar la asignatura, pero tenerla en cuenta para la media es una decisión que podría plantear conflictos tales como la elección de la asignatura por considerarse más fácil de superar y saber que puede subir la media del alumno.

Poco se puede decir sin hacer suposiciones con la ley recién aprobada, pero una cosa es cierta: ya son ocho reformas de la ley de educación las que se han hecho desde la Ley General de Educación (LGE) en 1970, incluidas la LOGSE (1990), la LOCE (2002) y la LOE (2006). Ocho reformas en 40 años no puede ser algo bueno y quizá sea esa inestabilidad lo que haga que la educación española sea tan pésima. Necesitamos que los políticos establezcan un sistema efectivo al margen de sus ideologías y que lo apliquen sin necesidad de modificaciones cada vez que cambia el Gobierno. La educación no puede depender del bipartidismo existente en este país; los jóvenes son el futuro de la nación.

Por qué España debería legalizar la marihuana

La penalización de la compraventa de cannabis fue impuesta unilateralmente desde EE UU en contra de los intereses generales

Seguramente alguna vez se hayan preguntado por qué la marihuana es una sustancia ilegal dentro del tráfico mercantil. Los políticos califican al cannabis de droga perjudicial que puede servir de «puerta de entrada a otras drogas», mientras que los teóricos de la conspiración especulan acerca de un intento gubernamental a gran escala por evitar todo aquello que abra la mente y ponen como ejemplo a importantes personajes históricos de los que se dice que hicieron uso de éste y otros estupefacientes.

Entre las teorías más aceptadas, goza de especial popularidad la que pretende relacionar esta ilegalización con las elites estadounidenses. Efectivamente, durante el primer cuarto del siglo pasado, la industria del algodón estaba fuertemente vinculada con los sectores políticos más influyentes del país, por lo que no es de extrañar una campaña de desprestigiación del cannabis para vetar el desarrollo del cáñamo. Especialmente si se considera que entre los más perjudicados se encontraban el magnate de la prensa W. R. Hearst, propietario de la principal empresa maderera de EE UU; la familia Du Pont, dueña de la industria petroquímica más importante del país; y los Mellon, con intereses en el sector petrolero y acceso al secretario del Tesoro de EE UU, miembro de la estirpe.

Tras llegar a argumentarse incluso que los países comunistas trataban de drogar a los estadounidenses para que perdieran el deseo de luchar, las presiones alcanzaron a la ONU y en 1961 fue firmada la Convención Única sobre Estupefacientes con la finalidad de que todos los países persiguieran la venta ilegal de cannabis como hacían los norteamericanos. Ni que decir tiene que España se encontraba entre los Estados firmantes.

Actualmente, el cannabis sólo se halla abiertamente legalizado en la ciudad de Ámsterdam, así como en Corea del Norte y, desde hace medio año, en los estados de Colorado y Washington, en     EE UU. En el caso de España, la Ley Orgánica 1/1992 (la famosa ley Corcuera) y el Código Penal prevén la punición del consumo de drogas en espacios públicos y la tenencia ilícita de dichas sustancias, pero no existe impedimento para una legislación menos prohibicionista en línea con las demandas de diversos colectivos, incluido el partido político Izquierda Unida.

Algunas comunidades autónomas, especialmente País Vasco, ya están estudiando posibles alternativas con una doble finalidad. Por un lado, se pretende dar respuesta a las citadas demandas sociales, puesto que no corresponde al Gobierno ni tampoco al Derecho la prohibición de conductas que no despierten la alarma social. Además, podría desarrollarse una nueva normativa que regulase y corrigiese los vacíos legales que hasta ahora se planteaban a este respecto; una reforma que ya se venía señalando como necesaria desde la Comisión Global de la ONU de Políticas contra la Droga.

Por otro lado, la legalización del cannabis permitiría la adopción de medidas de salud pública para fomentar su uso terapéutico y reducir las inevitables consecuencias de un uso indebido, para lo cual sería de máxima importancia desarrollar una campaña informativa que alcanzase a todos los sectores de la sociedad. Asimismo, la normalización de esta actividad supondría un impulso para las pymes que quisieran competir en el mercado, la creación de puestos de trabajo y un importante estímulo para las arcas del Estado (en el caso de EE UU, el Instituto Cato ha estimado que el ingreso sólo por impuestos podría alcanzar los 8,7 mil millones de dólares anuales).

En España, existen desde hace años clubes sociales de cannabis (40 de ellos forman parte de la Federación de Asociaciones Cannábicas o FAC) y algunos de ellos tributan un IVA del 18 % por las cuotas de sus socios, lo que supone en algunos casos unos 20.000 € anuales por establecimiento. Estos espacios privados suponen una interesante alternativa al modelo de legalización de libre mercado, que podría llevar al consumo desbocado y la aparición de monopolios, y permiten controlar la edad y volumen de consumo, la calidad del cultivo, etc. De ese modo, se acabaría con el mercado negro de la marihuana mediante una industria muy lucrativa que revertiría en la Seguridad Social e incluso admitiría un impuesto especial similar al aplicado a otras sustancias, como el alcohol y el tabaco.

Acerca de la discusión sobre si es admisible que un Estado permita a sus ciudadanos consumir y traficar con drogas, debe señalarse que las drogas no son más que la materia prima de origen biológico usada para elaborar medicamentos —no es casualidad que en inglés ambos se denominen genéricamente drugs—, desde analgésicos hasta antihistamínicos, que a menudo no precisan prescripción, lo que lleva a su uso irresponsable. De hecho, algunas de estas sustancias ya han sido objeto de una legalización a escala mundial, como es el caso del etanol, presente en el alcohol, o la nicotina, que se encuentra en el tabaco. E incluso existen estimulantes que la farmacología cataloga como drogas pero jamás se ha considerado siquiera la posibilidad de prohibirlos, como las presentes en bebidas energéticas (cafeína, teína, guaranina, mateína, taurina, ginseng…) o la teobromina, que se puede encontrar en un alimento tan inocuo como es el chocolate.

El cannabis no es sólo la droga ilegal más consumida en todo el mundo, sino también la menos perjudicial después de los hongos alucinógenos, ambos muy por debajo del potencial daño que produce el consumo de cocaína, heroína o esteroides. Ningún estudio científico ha demostrado hasta la fecha que el consumo de cannabis afecte negativamente a la salud (de hecho, existen variedades sin ningún poder psicoactivo), por lo que su tasa de mortalidad relativa es de cero, a diferencia del tabaco, que produce una media de 5 millones de muertes al año y entre el 70 y el 80 % de los cánceres de pulmón. En cuanto al alcohol, su consumo causa por sí solo en torno a 2,5 millones de muertos anuales, siendo la sustancia de este tipo más dañina después de la heroína. Huelga decir que ambas sustancias, así como la cafeína, poseen un potencial de adicción mucho mayor al de la marihuana (en torno al 21 %) con índices del 100 % (nicotina), 82 % (alcohol) y 72 % (cafeína).

El antiguo jefe de gabinete de Argentina, Aníbal Fernández, ya señaló recientemente a este respecto que «la represión al usuario no consiguió nada y las redes de narcotraficantes proliferaron más que nunca en el mundo». No parece, pues, descabellado pedir al Gobierno que lleve a cabo una coordinación entre todos los ministerios implicados, sobre todo los de Sanidad, Hacienda y Justicia, para definir el alcance de una nueva normativa y explotar al máximo las prometedoras posibilidades de este mercado latente. Todo ello, por supuesto, sin alcanzar a las actividades en las que tradicionalmente no se hallaba despenalizado el uso de esta sustancia, como es el caso del consumo por menores de edad, en competiciones deportivas o al volante de cualquier clase de vehículo. Asimismo, debe tratar de impulsarse la floreciente industria del cáñamo, que hasta la fecha ha demostrado su potencial en los sectores textil y maderero e incluso como fuente de energía renovable.

Una respuesta democrática

La criminalización de los escraches crea un «falso conflicto» que distrae la atención de su objetivo

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció dos semanas atrás que se establecerán perímetros de seguridad contra los escraches ante los domicilios de políticos. Hasta la fecha, más de una docena de miembros del Partido Popular se han enfrentado ya a este método de protesta basado en la acción directa. La primera fue la concejal barcelonesa María Ángeles Esteller, quien calificó el acto de «antidemocrático» (expresión que también usó recientemente Cristina Cifuentes) y «coactivo», en contra de la opinión del 75 % de las asociaciones de jueces que han expresado su parecer al respecto.

Cifuentes ha dado un paso más allá al afirmar que los escrachistas apoyan a grupos «proetarras», pero se muestra convencida de que «la inmensísima mayoría del pueblo español está en contra» del escrache, a pesar de que actualmente el 78 % de los españoles secundan este método, según Metroscopia. Eso sí: «siempre y cuando se lleve a cabo de forma pacífica», como han procurado señalar todos sus defensores, entre los que se encuentra la Organización Internacional del Trabajo.

Por mucho que María Dolores de Cospedal se empeñe en definir los escraches como «nazismo puro», se trata de una medida necesaria cuando todo lo demás ha fallado (denuncias, peticiones, manifestaciones y hasta una iniciativa legislativa popular). Ni siquiera sirve censurar el término bajo el argumento de que existen equivalentes en castellano, como se ha pretendido desde la Policía Nacional. Los ciudadanos tienen el derecho y el deber de exigir a sus representantes que hagan valer la voluntad popular.

El motín del escrache

El pueblo usa los escraches como arma para dar su merecido a los políticos

Escrache es una palabra muy pronunciada últimamente y acompañada de una gran polémica por las acciones que implica. El debate por el término plantea cuestiones como hasta qué punto deben ser permitidas estas actuaciones, que son principalmente insultos y acosos a los cargos políticos de nuestro país. Los dirigentes se echan las manos a la cabeza por esta actitud ciudadana; la secretaria general del PP, Mª Dolores de Cospedal, ha llegado a tildarlo de “nazismo puro”, un calificativo exagerado si no se reflexiona sobre el porqué de los escraches.

Es hora de asumir las responsabilidades de gobierno por parte de nuestros políticos. Nada justifica un insulto o un ataque, pero no puede sorprender el agotamiento de los ciudadanos, que han visto en los últimos años cómo la corrupción ha ido a más en el ámbito político, con penas irrisorias para los culpables y casos que se prolongan de forma indefinida por la lentitud de la justicia en este país. Los políticos han llevado a cabo a lo largo de esta legislatura políticas económicas restrictivas mientras ellos se llenaban los bolsillos; ejemplos de ello son la ley de desahucios, declarada abusiva por el Tribunal de Justicia de la UE, o la ley hipotecaria, ilegal según el Tribunal de acuerdo con lo que establece la Directiva 93/13/CEE sobre Claúsulas Abusivas en los Contratos Celebrados con Consumidores.

Una economía estancada y plagada de recortes asfixiantes ha hecho de los escraches el medio para atacar directamente a la clase política, una vía rápida para la justicia ciudadana. Dejaremos al lector el decidir si los cargos políticos se merecen o no el tratamiento recibido con los escraches, pero lo que no extraña ni sorprende es por qué se ha llegado a esta situación. Medidas desesperadas para tiempos desesperados.

Una Iglesia plagada de contradicciones

La Iglesia católica sigue manteniendo su influencia social en una España aconfesional y crítica con su cúpula dirigente

La Iglesia católica ha sido desde hace años objeto de debate que se ha polarizado en la última década. Por un lado, están los defensores a ultranza de una institución que no deja de tener muchas costumbres arcaicas e incompatibles con el pensamiento actual, basado en la igualdad de género, como viene a ser la imposibilidad de que las mujeres accedan a los más altos peldaños en la jerarquía de la Iglesia o los numerosos casos de pederastia que han sido encubiertos durante años, como el del cardenal Roger Mahony, destituido de todos sus cargos por amparar pederastas. De otra parte, tenemos unos detractores que hacen de su odio una generalidad, cuando toda generalización es, a mi parecer, injusta. Es curioso cómo la población poco partidaria del catolicismo se centra en abusos generalmente cometidos por lo que podríamos definir como el alto clero, aquellos eclesiásticos llenos de anillos y cadenas doradas abanderados de posturas contrarias al aborto o la homosexualidad, mientras que olvidan la labor de tantos otros miembros de la Iglesia que dedican tiempo y recursos a la población marginal y con problemas a través de organizaciones como Cáritas, que destinó el 71 % de sus recursos a paliar problemas de vivienda, o Manos Unidas.

En el caso de España, la religión está muy arraigada en el imaginario social de los ciudadanos a pesar de ser un país aconfesional desde que así se estipulara en la Constitución del 78. Las estadísticas actuales, con un 73 % de la población autodefinida como católica según los datos del CIS de 2013, están muy lejos de la afirmación que Azaña hiciera en la República: “España ha dejado de ser católica”. Lo que no parece lógico es que en estos momentos de crisis económica las clases sociales medias y bajas se vean asfixiadas por los recortes y el Gobierno ni se haya planteado que la Iglesia contribuya fiscalmente en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos e instituciones.

El valor de una crisis de fe

La designación por el Vaticano del nuevo papa incita al debate en torno a la situación de la Iglesia católica en España 

La Iglesia católica eligió la semana pasada a su nuevo representante, el bonaerense Jorge Mario Bergoglio, primer papa hispano en más de cinco siglos. Con este cambio de aires en la cúpula del catolicismo, se han reavivado en España las opiniones sobre el estado de la Iglesia, especialmente en lo que se refiere a su financiación.

El Anuario Estadístico de la Iglesia para 2012 calcula que en España existen 42 millones de bautizados, es decir, el 92 % de la población, a pesar de que sólo el 73,1 % de los españoles declararon ser creyentes en la última encuesta del CIS. Sin embargo, apenas el 35 % de la población española contribuye marcando la casilla de la declaración de la renta por la que el 0,7 % de la recaudación se destinaría a la Iglesia católica.

Por otro lado, la institución cuenta con una exención fiscal en virtud de un acuerdo con la Santa Sede firmado en 1979, texto que fue ampliado con la Ley de Mecenazgo durante el gobierno de José María Aznar. Este «privilegio fiscal» se ha venido señalando desde Izquierda Unida como «inadmisible» en un Estado aconfesional como el español, a lo que los ecónomos han reaccionado denunciando una «tercera desamortización» y la «fiscalización de la caridad de la Iglesia».

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, señala el ahorro al Estado que suponen los centros educativos religiosos y el decisivo sustento —refutado por el director de Cáritas Diocesana de Barcelona, Jordi Roglà— de la Iglesia a Cáritas. No obstante, los cinco millones de euros anuales que debería pagar la Iglesia en concepto de IBI probablemente la obliguen una vez más a defender sus intereses frente a una sociedad cada vez más secularizada.

Una fe entre dos aguas

A pesar de la aconfesionalidad del Estado, España sigue siendo uno de los países más creyentes

Desde 1978 España es un Estado aconfesional. Así lo recoge el artículo 16 de nuestra Constitución, el mismo que a su vez consolida la relación de cooperación entre los poderes públicos y la iglesia católica. La redacción de este precepto ha sido duramente criticada por los más detractores de la iglesia católica, pero la realidad de nuestro país parece mostrarnos algo diferente. De acuerdo con las estadísticas de la Conferencia Episcopal, en 2009 fueron bautizados el 63% de los niños nacidos en España. Los sectores laicos sitúan las cifras entre el 60% y el 55%. De cualquiera de las maneras, los números muestran cómo más de la mitad de los nacimientos reciben un agua bautismal que desde siglos ha sido tradicional en nuestro país.

Por otro lado, la opinión generalizada en los últimos años sobre la iglesia católica no señala lo mismo. En los últimos meses, sin necesidad de ir más atrás, los casos de abusos sexuales a menores, los beneficios fiscales y la falta de predicación con el ejemplo, entre otras críticas, han estado en boga. Pareciera que los padres quisieran que sus hijos fueran hijos a los ojos de Dios, pero se desentendieran de la iglesia. Quizá lo más correcto sea abogar por la verdadera fe y no tanto por lo que no deja de ser una institución más. Desde el pasado 13 de marzo los católicos tienen con un nuevo representante, Jorge Mario Bergoglio. El que pasará a la historia como Francisco I ha parecido mostrar, hasta el momento, un cambio de hábitos dentro del Vaticano. Se habla ya de una nueva etapa. Se habla de un papa humilde. Será cuestión de tiempo confirmar las expectativas o que, una vez más, se trate del mismo perro con distinto collar.

Patria, socialismo o muerte

El fallecimiento de Chávez abre el debate sobre la permanencia del chavismo de manos del sucesor designado, Nicolás Maduro

Hace una semana falleció el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Hugo Chávez, figura representativa de la revolución socialista en América Latina. El mandatario logró conectar con un pueblo que lo veneraba; prueba de ello es la avalancha de ciudadanos que han salido a las calles a expresar su dolor. Sin embargo, el mundo occidental siempre lo ha contemplado como un presidente populista preocupado por hacer propaganda política contra el capitalismo.

Es innegable que Hugo Chávez arrojó luz en el caótico panorama político-económico en el que se hallaba Venezuela en el 98, cuyos partidos estaban sumidos en la corrupción y tenían oprimida a la población en un estado de pobreza no acorde con los recursos económicos del país. No cabe duda de que la base del chavismo ha sido la habilidad de su dirigente para captar el voto de las clases medias y desfavorecidas, que venían soportando cuatro Gobiernos democráticos con una gestión económica pésima que tuvo como consecuencia la caída del PIB durante dos décadas consecutivas, desde 1980 a 1998, en un 14 %.

Con el logro durante los primeros años de su gobierno de reducir las desigualdades sociales, no extraña el gran respaldo del pueblo venezolano a su persona. Sin embargo, en el año 2009 tuvo lugar un referéndum para modificar la Constitución con el fin de eliminar el límite de los mandatos presidenciales y poder mantener la presidencia; este sería el inicio de la cara más populista del chavismo. Ello lleva a cuestionar si los deseos de Chávez de permanecer en el poder tomando medidas contra los medios y los sectores de la población no afines han prevalecido en detrimento de los intereses primarios de impulsar el socialismo. Como solía decir el mandatario, "patria, socialismo o muerte".

¿Victoria póstuma?

Tras la muerte de Hugo Chávez una ola de incertidumbre se extiende sobre Venezuela

El fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el pasado día 5 de marzo, ha abierto el debate sobre el futuro del país. Son muchas las preguntas que se plantean sobre cuál es el mejor camino para Venezuela, un país que, dependiendo de las voces que se quieran escuchar, se encuentra en pleno progreso o en plena crisis. Trece años han sido los que el presidente Chávez ha tenido el mando y los más favorecidos por su presidencia temen ahora un cambio en la línea política del país. Toda la política de Chávez, al menos de cara al electorado, se ha basado en sacar de la pobreza a Venezuela. Una táctica que difícilmente podía fracasar de cara a obtener una victoria electoral, pero que sí sería ardua de llevar a cabo. Múltiples programas sociales de educación o inversión en salud pública fueron algunas de las medidas que el fallecido presidente utilizó para hacer efectivo su propósito. Asimismo, el aproximado cincuenta por ciento restante de la sociedad venezolana, ya que el balance de detractores y defensores de Chávez nunca ha terminado de inclinarse hacia uno u otro lado, ha intentado sacarle los colores en más de una ocasión al presidente. Los opositores han utilizado la exagerada inflación del país, la peor de Latinoamérica en los últimos diez años, o la escasa libertad de expresión de la que han gozado durante estos años para hacer ver a la sociedad que las intenciones de Chávez no eran tan limpias. Así, la división social entre chavistas y opositores ha estado presente durante todos los años en que Chávez se ha perpetuado en el cargo.

Finalmente, la opinión más relevante, la que está en Venezuela, el próximo 14 de abril saldrá a la luz, confirmando el apoyo al chavismo y a su nuevo líder, Nicolás Maduro, o negándole la presidencia al pupilo de Hugo Chávez.

Chavismo poschavista

El fallecimiento de Hugo Chávez ha azuzado los editorales de todo el mundo

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, falleció el pasado 5 de marzo de cáncer, lo cual ha impulsado el surgimiento de opiniones enfrentadas en el escenario social. Los defensores del régimen chavista apuntan la popularidad del difunto, su cercanía al pueblo, su compromiso para con la Constitución venezolana y la instauración de una efectiva democracia participativa. Por el contrario, sus detractores, encabezados por el Gobierno estadounidense, lo han querido relacionar con el comunismo y el narcoterrorismo colombiano, considerándolo un «agente de Fidel Castro» o un nuevo dictador similar a Benito Mussolini o Adolf Hitler.

Es innegable que el chavismo no se ha caracterizado por perseguir los intereses norteamericanos, como señaló en 2002 el director de la CIA, George Tenet. Sin embargo, ello no justifica el apelativo que durante tantos años ha acompañado al nombre del presidente. Ciertamente, Chávez ha sido un líder querido y hasta mitificado por el pueblo venezolano, pero, si bien sus actuaciones políticas y diplomáticas no siempre han sido las más acertadas, en ningún momento se ha caracterizado por ejercer un gobierno del terror. Quizá no instaurara el régimen más garantista del tiempo actual, pero no se puede decir que la libertad de expresión en Venezuela sea menor que en muchos otros países democráticos ni que la oposición no tenga la posibilidad de acceder al poder mediante un procedimiento institucionalizado, lo que precisamente el sucesor designado de Chávez, Nicolás Maduro, puede poner en peligro con su uso arbitrario de las fuerzas armadas.

Populista o no, Chávez no debe ser considerado un dictador por su liderazgo carismático. Queda por determinar si, a falta de ese carisma, su sucesor definitivo sucumbirá a la tentación de convertir el régimen chavista en lo que sus opositores internacionales han venido denunciando.

Caos a la italiana

La pérdida de la fe en la política se extiende con preocupante rapidez por Europa

Italia se define en estos días con una palabra: ingobernable. Los resultados de las últimas elecciones han colocado a este país en la cuerda floja al arrojar el poder en tierra de nadie. Los votos, repartidos en tres frentes, no dejan precisamente un futuro optimista para el país, sino más bien caótico: por un lado, la derecha de Berlusconi, quien, a pesar de haberse visto envuelto en importantes escándalos en los últimos años, sigue contando con el respaldo de un amplio sector de la población; por otro, el antagonista de centroizquierda Bersani, el cual habría obtenido la victoria en el Senado con un 31,6 % de los votos de no ser por la actual e incomprensible ley electoral italiana, que ha otorgado un mayor número de senadores a Berlusconi. Y, entre las dos caras de la moneda, el popular Beppe Grillo con su Movimiento 5 Estrellas, que se ha llevado de calle un 25,55 % de los votos. Su éxito radica en que ha conseguido captar la atención del pueblo, convirtiéndose así en su voz frente a los ya conocidos dinosaurios políticos.

La incompetencia política puede ser peligrosa en cuanto a la aparición de líderes populistas que monopolicen toda la atención con argumentos críticos al panorama y los recortes, y luego, una vez conseguido el poder, se vuelvan a quedar en nada, como ha estado ocurriendo en la última década. El caso de Italia, aunque aislado dentro del escenario internacional, podría no ser el único que se presente en una Europa cansada del estancamiento político, con líderes más preocupados en acaparar el poder que en tomar medidas efectivas, pues hace ya años que empezó la supuesta recesión económica y apenas se ve la luz al final del túnel; más bien al contrario: la situación se parece al principio del fin. El fin de la justicia social.