Una fecha para el recuerdo

El 23 de febrero siempre trae consigo reivindicaciones y polémica

El 23-F es una fecha harto conocida entre los españoles. ¿Cómo olvidar uno de los momentos de mayor tensión de la monarquía española? Por aquel entonces, como ahora, la situación sociopolítica atravesaba momentos difíciles: tenía lugar una crisis económica, el terrorismo no daba tregua y el Ejército se mostraba reticente a aceptar el nuevo sistema democrático. Incluso podríamos encontrar paralelismos entre el 23-F de 1981 y el de 2013, ya que de nuevo es evidente la tensión política y social. Debemos recordar que este 23-F han tenido lugar, por un lado, las declaraciones del duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y por otro, la manifestación ciudadana en contra de los recortes y la corrupción bajo el lema "Tus sobres, mis recortes".

La marea ciudadana no ha elegido esa fecha al azar; es una reivindicación más para captar la atención de los políticos. Se contempla una evolución que queda reflejada en que hemos pasado de un golpe de Estado militar y violento a un golpe de Estado de civiles mediante manifestaciones pacíficas constantes. No sé si la manifestación del pasado 23-F podría describirse como pacífica, ya que hubo 45 detenidos al acabar la noche, pero quién puede culpar a gente cansada de que se lo lleven todo las personas que menos lo necesitan. Quizá sea cuestión de tiempo que ciudadanos enfurecidos, al ver cómo la corrupción sale impune mientras ellos sufren recortes asfixiantes, tomen el Congreso. En un clima como el actual, uno puede esperarse casi cualquier cosa.

Parece que la historia está condenada a repetirse, si no a pies juntillas, de forma muy similar. Aprender de los errores es humano: los alemanes aprendieron que la crisis económica y consiguiente devaluación del marco les llevó al nazismo. Tomemos ejemplo, aprendamos de una vez de nuestros errores y arreglemos este país.

And the Oscar goes to... '23-F: la película'

La corrupción institucional capta todas las miradas en este aniversario

Este 23-F ha sido diferente a lo que nos tenían acostumbrados. Los reportajes conmemorativos del asalto al Congreso han dejado paso a minuciosas noticias sobre la declaración del duque de Palma, Iñaki Urdangarín. En parte esto es digno de admiración, ya que eran demasiados años bombardeándonos con noticias que son de todo menos nuevas y que no sorprenden a nadie. Podríamos hablar de una regeneración informativa, pero, si hablamos de regeneración, la informativa es la que menos nos hace falta ahora mismo. Es cierto que a nadie le hubiera sorprendido un reportaje sobre el 23-F, pero esta vez había cosas nuevas que contar. Aun así, se trata de noticias que sacan de quicio al más sereno, noticias con las que muchas veces es mejor apagar el televisor y seguir con nuestras vidas, porque de indignación sabemos demasiado ya. Sería más conveniente que muchos recordaran que los cambios se alaban si son para mejor y que una regeneración informativa sería de buen gusto si viniera de la mano de una regeneración política y democrática. Si nos aportara beneficios, a fin de cuentas. Pero los que están en las altas esferas poco saben sobre beneficiar al ciudadano, parece que un bolsillo bien repleto se ha convertido en la carrera que todos quieren ganar.

Finalmente quizá debamos quedarnos con “23-F: la película”, que emitió la primera de Televisión Española. No sorprendieron a nadie, pero al menos ofrecieron un final feliz. Pues, de sobra es sabido que una buena película con un buen final, aunque nos sepamos los diálogos, siempre será mejor opción para un sábado cualquiera, digamos 23, digamos de febrero, que una película que desde el principio adolece de falta de credibilidad.

La crisis de febrero

El aniversario del fallido golpe de Estado llega en un momento en el que la crisis institucional del país suscita demasiado recelo

El 23 de febrero ha llegado un año más cargado de polémicas, viejos recuerdos y paralelismos entre ayer y hoy. Tomando un café en el histórico Van Gogh Café de Madrid, cuesta imaginarse en ese mismo espacio al ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero urdiendo sus planes golpistas con el por entonces capitán de la Policía Armada Ricardo Sáenz de Ynestrillas, fallecido en un atentado etarra en el que participó el tristemente famoso Iñaki de Juana Chaos.

El duque de Palma y consorte de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, ha sido citado en este día, emblemático para la democracia española, para comparecer ante el juez José Castro por su participación en el escándalo del caso Nóos. 32 años después de aquel intento fallido de restaurar el régimen predemocrático, la Corona española se juega el prestigio que consolidó su legitimación tras el golpe de Estado. La implicación del aún miembro de la Familia Real ha dañado de manera notable —así lo cree el 88% de los españoles, según Metroscopia— una institución que, por otra parte, parece cada día más condenada a la desaparición.

La fecha de hoy invita a la reflexión en un clima de máximo descontento de los ciudadanos con respecto a sus gobernantes; recordemos que la última encuesta del CIS determinó que uno de cada cuatro españoles cree que los políticos son el principal problema de España. Parece que los políticos se han quedado con aquel airado «¡Se sienten, coño!» de Tejero en el Congreso y se dedican a vivir de las rentas de la democracia desde su butaca en el hemiciclo. Una pena que sigan acatando tal orden y hayan olvidado aquello de «Las manos, donde pueda verlas».

Una democracia de capa caída

La democracia necesita un lavado de cara que se hace cada vez más patente en el panorama actual

En boca de todos ha estado últimamente la palabra democracia por su evidente degradación. Las palabras mencionadas por la expresidenta de la Comunidad de Madrid sobre la urgencia de una regeneración democrática suenan un tanto huecas viniendo precisamente de ella, que abandonó la primera línea política de la noche a la mañana dejando un completo desaguisado en la Comunidad que, entre otras cosas, ha azuzado la marea blanca. Es tan poca la credibilidad que tienen los políticos en estos momentos que no llego a comprender cómo siguen dando discursos carentes de sentido común que empiezan a recordar tristemente al populismo que caracteriza a los Gobiernos sudamericanos. La política, así como la democracia, se han olvidado al fondo de un cajón. ¿Dónde quedó la verdadera política promovida por Montesquieu? ¿Qué dirían Platón o Aristóteles sobre nuestra democracia?

Cuando pienso en la democracia actual, el eco de una frase aprendida en los años de colegio resuena en mi cabeza: "Todo para el pueblo pero sin el pueblo". Nadie nos ha preguntado qué queremos. Se nos presentan partidos que en la sombra pactan sus desavenencias, un teatrillo del que somos inocentes espectadores, dejando a la política actual como la falacia más grande de estos tiempos que corren: el pueblo tiene capacidad de decisión una vez cada cuatro años para elegir a sus representantes e inmediatamente después pasa a último plano. Aunque intenten convencernos de lo contrario, de momento no han demostrado poner los intereses del ciudadano por delante.

Es necesaria para la regeneración democrática una regeneración humana, así como una efectiva separación de poderes que parece haberse olvidado. En el momento en que se dejaron de proteger los intereses de la ciudadanía anteponiendo al Ejecutivo, a estas alturas indistinguible de los poderes legislativo y judicial, la democracia pasó a ser una pseudodemocracia con pseudoderechos y pseudolibertades.

Falta de liquidez

La crisis de la democracia exige un inmediato cambio de modelo que responda a las necesidades de los ciudadanos

Soy antidemócrata. No se extrañen por mi crudeza, pero, si la democracia supone una forma elaborada de la antigua aristocracia espartana donde la clase política se sitúa en la cúspide y los ciudadanos viven con la ficción de participar en el proceso político, no quiero ser su cómplice. O quizá el problema es que, como claman las consignas en las calles, «lo llaman democracia y no lo es». Por eso me sorprenden las declaraciones de la antigua presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que se ofreció hace dos semanas para colaborar en la «regeneración democrática» del país. ¿Cómo es posible iniciar una regeneración democrática si ni siquiera ha habido una efectiva generación democrática en España?

Los gurús de la sociología ya apuntan desde hace tiempo que la crisis mundial es sintomática de un proceso de mayor magnitud. Todas las grandes civilizaciones de la historia, desde los imperios egipcio y romano, sufrieron la progresiva degeneración de sus instituciones: corrupción generalizada, descontento popular, deficiencias del sistema... La misma democracia (si es que alguna vez lo fue) se ha convertido en la actualidad en una perversa mezcla de plutocracia y partitocracia, apuntando al que quizá sea el final de la sociedad contemporánea.

El modelo democrático, al igual que el capitalismo, el parlamentarismo o el Estado de derecho, es simplemente el mejor sistema ideado hasta la fecha para organizar la sociedad, lo que no significa que todas sus posibles manifestaciones sean las idóneas (basta recordar que Adolf Hitler fue elegido democráticamente) ni que no pueda existir un régimen mejor.

Puede que peque de idealista, pero la democracia exige que el poder esté efectivamente en manos de los ciudadanos, aunque sea mediante procedimientos espontáneos y, en cierto modo, excepcionales, como el referéndum, la iniciativa popular y demás herramientas de la democracia participativa. Tal vez vaya siendo hora de abandonar la solidez de la democracia representativa, como ya han propuesto el Partido Pirata y el Partido para la Regeneración de la Democracia en España (PRDE), en pro de la democracia líquida, un modelo más acorde a la actualidad y que permite el flujo del poder de vuelta a sus verdaderos y únicos dueños.

Materia para septiembre

La situación actual pasa por una revisión profunda de nuestro modelo democrático

Hace un par de semanas la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, hablaba de la que ella misma denominó 'regeneración democrática' y se presentaba como apoyo para aquellos que quisieran llevarla a cabo. Parece hipócrita, no por el hecho de hacerlo, de sobra sé que muchos le alabarán el gesto, sino por las formas. Parece hipócrita que lo haga desde su posición actual, alejada de las primeras filas de la política. Podía haberse percatado de la situación que vive nuestra democracia cuando aún movía directamente los hilos, porque aunque creamos lo contrario no ha dejado de moverlos. Y es que necesitamos, entre otras muchas cosas, que nuestros políticos reconozcan públicamente que el modelo actual ha fracasado. O, más bien, que entre todos han transgredido el modelo democrático. Necesitamos unos representantes que abran los ojos ante la evidente degeneración de temas tan importantes como la educación, la sanidad o la economía, que en mi opinión son los temas que más reconstrucción necesitan.

Parece costumbre en la política española mirar a nuestros vecinos europeos sólo para lo que conviene. Se toman los ejemplos que mejor se adaptan a los planes del Gobierno de turno y, así, se fundamentan las decisiones. No se le ha ocurrido a Mariano Rajoy y a los suyos indagar en la causa por la que Finlandia es número uno en lo que a educación respecta. Pues se las diré yo: educación gratuita desde preescolar hasta la universidad, incluyendo clases, comedor, libros e incluso material escolar. Y mientras esto ocurre en Helsinki, a unos 3.500 kilómetros, en Madrid, se manifiestan por los planes de privatización de la educación pública. Siguiendo con las manifestaciones, que ahora mismo se presentan como el común denominador a los ciudadanos españoles, también los sanitarios se han echado a las calles. En materia de sanidad si es cierto que la mayor parte de Europa tiende al copago como modelo de gestión. Aun así, no podemos echar por tierra aquello que nuestros padres y abuelos se ganaron, aquello de lo que presumíamos. Si Finlandia nos ha servido como ejemplo para marcar cómo se tienen que hacer las cosas en educación, deberíamos reivindicar ser nosotros el ejemplo, en algunos aspectos, de cómo se han de hacer las cosas en sanidad. Pero preferimos subirnos al carro y, no de cualquier manera, sino aprobando el mayor plan privatizador de la sanidad pública.

Considero innecesario tener que recordar al lector que lo que planteo no es un numerus clausus de trabajos pendientes de nuestra política. Tómenlo ustedes y, sobre todo, nuestros políticos como materia importante de examen, subráyenlo con colores llamativos si lo estiman, pero no olviden que la asignatura comprende mucha más materia.

El teatro del guiñol

El espectáculo televisivo ofrecido por Mariano Rajoy ha suscitado interesantes cuestiones en torno a la relación entre los medios de comunicación y el poder

La posible implicación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el escándalo del caso Bárcenas ha enardecido la alarma social. Conminado a pronunciarse sobre el asunto en cuestión, Rajoy organizó el pasado sábado 2 de febrero una auténtica farsa televisiva en forma de rueda de prensa, pantalla mediante, que no admitía preguntas. Ya sea por cobardía, falta de respeto a los votantes o cualquier otro motivo, esta bochornosa actuación del presidente plantea un interrogante: ¿cuál es entonces la función de los periodistas? Si no se permite a estos profesionales de la comunicación abordar las cuestiones difíciles o incómodas, ¿para qué acudir siquiera a semejante teatro, pudiendo seguir cómodamente desde casa esta matrioska mediática?

Hace años que los ciudadanos critican, decepcionados, la pasividad de los medios. Más preocupados por sus aspiraciones políticas o económicas, los periodistas no cumplen con su labor social y se someten a un protocolo basado en un tácito pacto de no agresión entre políticos e informadores. Otra muestra menos reciente de ello fue aquella conferencia de 2003 en la que el ministro de Defensa de EE UU, Donald Rumsfeld, bromeaba despreocupadamente en el Pentágono con miembros de la prensa norteamericana a pesar de la amenaza de una inminente guerra contra Sadam Huseín.

Los periodistas de Occidente han descuidado su función en un intento de comerciar con la información, sacrificando la verdad en favor del poder económico (constituido por su disponibilidad de las audiencias) o político (en forma de favores y concesiones, formales o no). Mientras bailan al son del 'blues de los medios', como diría Yves Boisse, han olvidado que a quienes se deben es a los ciudadanos y no a los poderosos.

Las ruedas de prensa sin comparecencia ni preguntas son una pantomima, una imposición antidemocrática e inadmisible en cualquier Estado contemporáneo, especialmente si la trascendencia del contenido es tan notable como en los casos señalados. El error de los periodistas —y también de los ciudadanos— es creer que se trata de una situación normal o que no tiene remedio. Es menester concienciar a la población del necesario cambio y manifestar claramente el rechazo a estas prácticas a la hora de informar.

Declaraciones en diferido

Las ruedas de prensa en las que los periodistas no tienen voz ni voto son incompatibles con el modelo democrático

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha publicado, a punto de expirar el plazo que él mismo se puso hace una semana, su declaración de la renta en la página web de la Moncloa. Nadie podrá olvidar la controvertida comparecencia a través de una pantalla que dejó a España asombrada, recreando la imagen en nuestras cabezas del Gran Hermano que George Orwell creó en su día. Lo pasmoso de la situación no fue ya que no se presentase personalmente ante la prensa, sino que a ésta no se le permitió hacer pregunta alguna sobre los comentarios del presidente. Se ha llegado a un extremo en que ni siquiera los periodistas pueden hacer su trabajo en condiciones, un trabajo que implica algo tan básico pero fundamental como es mantener informada a la ciudadanía y ser la voz de los españoles en las ruedas de prensa.

Puede que el Gobierno, consciente de los errores garrafales cometidos en los últimos meses —recordemos el reciente caso Bárcenas—, no quiera ponerse en la incómoda tesitura de situarse frente a unas personas que, de sobra es sabido, meterán el dedo en la llaga. El trabajo de la prensa es vital para obtener respuestas que los cargos públicos de por sí no ofrecen; por lo tanto, cabe hacerse una pregunta: ¿es un caso de coartación de la libertad de prensa lo ocurrido el sábado pasado? No sé si me atrevería a decir tal cosa, pero silenciar a la gente que busca respuestas ante la corrupción de su Gobierno es algo que no se espera de una democracia.

Los políticos campan a sus anchas y lo mínimo que pueden hacer es proporcionar explicaciones a los ciudadanos que les han elegido en las urnas. Los medios no pueden amilanarse en este momento; los españoles quieren respuestas y las quieren ahora. Por ello, dejando al margen las ideologías e intereses que los separan, deben unirse y tomar medidas para que la información vuelva a fluir en ambas direcciones.

Mercenarios del papel

El discurso de Rajoy para aclarar los pagos de Bárcenas, lejos de tranquilizar, genera nuevas polémicas

Mucho se ha hablado sobre el discurso ofrecido el pasado 2 de febrero por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los peros a la comparecencia, si podemos calificarla como tal, del presidente han apuntado en muchas direcciones, pero el debate social se ha centrado en el contenido: los sobres, la caja B, la declaración de la renta y una lista no muy amplia de términos que nos servirían de esquema para entender toda esta trama. Sin embargo, si otra cuestión se ha puesto sobre la mesa ha sido la generada por el ya denominado ‘pantallazo’ de Rajoy a los periodistas.

Algunos se llevarán las manos a la cabeza y alabarán el gesto del presidente al conceder el lujo a los periodistas de seguir en directo desde la sala de prensa de Génova 13 su monólogo. Pero, como en todo en la vida, existen muchos intereses en juego. Sería conveniente, si queremos un periodismo serio, acabar con estas malas prácticas. Por otro lado, también lo sería prestar más atención a la estrecha relación entre dirigentes de ciertos medios y líderes políticos. Quizá erradicando estos amiguismos tan habituales, o dejándolos únicamente para las barbacoas de los domingos, curemos al periodismo de nuestro país de la afección que padece. Quizá así podamos retomar la función social que desde sus orígenes se le atribuye. Pero, ¿a quién le corresponde hacerlo? Como es habitual, todos se lavan las manos. La sociedad señala a los periodistas. Los periodistas cada vez encuentran más puertas cerradas. Y la llave está en manos de los partidos políticos, esos que parecen representar una obra de teatro en cada aparición.

Probablemente la clave esté en unir fuerzas y ayudar, como se ha hecho en otros sectores. Así, tanto los que nos dedicamos al periodismo, o soñamos con hacerlo algún día, como los que lo consumen a diario luchemos por un periodismo más limpio y, ante todo, un periodismo real.

Un salvavidas para el Rey

La monarquía necesita nuevos métodos para revalidar el apoyo de la ciudadanía

Mañana del Veintitrés de Febrero de 1981. Ciertos sectores militares se preparan para introducirse en las entrañas de la democracia y acabar con la misma desde su centro neurálgico, desde el propio Congreso de los Diputados. A partir de ese momento, el miedo se apodera de la ciudadanía española, que aún tiene muy cerca el recuerdo de la dictadura y un sueño democrático que apenas acaba de despegar. A la 1.14 de la madrugada del día 24, su majestad, el rey Juan Carlos, como capitán general de los ejércitos, interviene en un acto de defensa de la Constitución. El resto es historia. Y es la historia de cómo un monarca se ganó a su pueblo en una sola noche.

En un momento como el actual, en el que las voces antimonárquicas se hacen cada vez más elevadas e incontroladas, parece imposible defender de algún modo la continuidad de la institución monárquica. El 23-F y el papel diplomático llevado a cabo durante todos estos años por el Rey se han tornado insuficientes para aquellos defensores de la Corona. La vida y sus casualidades han querido que 33 años después el Rey tenga que lidiar con otro duro golpe. El mismo día, el mismo mes. Y es que es precisamente el próximo 23 de febrero cuando el aún duque de Palma, Iñaki Urdangarín, ha sido llamado a declarar por el juez que instruye el caso Nóos. Esta vez, el golpe se lo han dado desde dentro, y probablemente sea más duro acabar con él cuando el enemigo es íntimo.

Pero, si algo es cierto, es que en una situación económica como la que asola a nuestro país, en la cual se han hartado a pedirnos cada institución, una a una, un poco más de esfuerzo, parece impensable que una figura como el Rey no justifique su sueldo. De este modo, debería dejar a un lado sentimentalismos y solventar el problema de la manera propia de una institución, que finalmente es a la que pertenece y, aunque a veces lo olvidemos, no está donde está únicamente porque despierte simpatías. Sensatez, como mínimo, es lo que se espera de una institución seria en un Estado de derecho. Y, si el monarca no fuera capaz de actuar de ese modo, debería recordar que a sus espaldas tiene a don Felipe, a quien ya hemos visto en numerosas ocasiones ocupar el lugar que aún corresponde a su padre. No obstante, los titulares estos días no apuntan hacia la abdicación en el príncipe de Asturias, sino únicamente a la renuncia dinástica de la infanta Cristina, lo que visto desde un punto de vista optimista es un primer paso. Aun así, no debemos olvidar que la desacreditación actual de la monarquía no pasa únicamente por el yerno del Rey.

A día de hoy, lo único cierto es que el día 23 de febrero la monarquía estará, más que nunca, en el punto de mira. Corresponde a cada uno elegir desde qué perspectiva mirar.

Consumir preferentemente antes de…

La presunta participación de la Familia Real en casos de corrupción ha despertado las voces de la disidencia

La figura del rey Juan Carlos I supone, desde hace años, un personaje indudablemente cómico, querido por los españoles y premiado por numerosas instituciones internacionales. No obstante, siempre se ha visto involucrado en casos polémicos, como la muerte discutidamente accidental de su hermano Alfonso, heredero de la Corona, o el intento de golpe de Estado del 23-F. En los últimos años, ha sido objeto de rumores sobre infidelidades y críticas por sus actos, ya sea por mandar callar públicamente al presidente venezolano o por cazar elefantes tras pedir austeridad a la nación. Pero ha sido la implicación de su yerno, el duque de Palma de Mallorca Iñaki Urdangarín, en un caso de presunta corrupción lo que ha llevado a muchos a cuestionar la validez actual del rey y su familia.

Por un lado, es cierto que la salud del monarca es precaria y que ha necesitado intervenciones quirúrgicas cada vez más frecuentes. Por el otro, la Casa Real goza de un presupuesto anual de unos ocho millones de euros apenas justificados, si bien es verdad que otros jefes de Estado europeos perciben cifras mucho mayores. Pero el auténtico reproche que debe hacerse a la figura del rey de España y sus afines son sus extremas prerrogativas constitucionales.

La persona del rey de España es inviolable e irresponsable por todos sus actos, lo que en la práctica se ha traducido en la atribución al mismo de meras funciones simbólicas y de representación. Además, el Código Penal español ha sido usado con demasiada ligereza para castigar supuestas injurias a la Corona, como determinados vituperios mediáticos o la quema de fotografías de los monarcas, lo que el Colegio de Abogados de Barcelona ha justificado alegando que, como institución «impuesta», la monarquía debe aceptar las críticas de la ciudadanía.

En definitiva, aunque es innegable el valor histórico e incluso actual —especialmente como diplomático— del rey, parece una figura arcaica y destinada a extinguirse. De momento, el príncipe Felipe no ha tenido ocasión de llevar a cabo ningún acto destacable que justifique su merecimiento del trono, por lo que quizá sea el momento de abogar por el cambio y buscar una fórmula alternativa más afín a la nueva realidad del Estado social y democrático de derecho.

Jaque mate

Es necesario que el rey mueva ficha ante las turbulencias que está atravesando la monarquía

La imagen de la Corona española se ha visto enturbiada en el último año por algunos de sus miembros, lo que ha provocado el descontento del pueblo español a pesar del afecto que aún persiste hacia el monarca, don Juan Carlos. Los errores que ha cometido han azuzado las voces, ya existentes, partidarias de la república ante la nefasta imagen que se está dando de España, en la que los casos de corrupción han alcanzado también a la institución real. Teniendo presente el caso Nóos, que ha salpicado directamente al duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y con la reciente abdicación de otro monarca, la reina Beatriz de Holanda, se plantean numerosos debates acerca de cuál debe ser el camino que siga ahora la monarquía. En un estado de crispación como es el del panorama político-social actual, la permanencia del rey a la cabeza del país parece insensata y peligrosa.

Sin dejar de reconocer la labor que don Juan Carlos y sus relaciones internacionales han prestado a España, personalmente opino que es necesario un cambio de aires y de rumbo llevado a cabo por Felipe. El príncipe ya ha asumido en varias ocasiones el lugar del rey debido a su precario estado de salud, por lo que las cualidades del heredero no son del todo ajenas a los españoles, que han visto poner en práctica su capacidad como líder representativo de nuestro país. En estos momentos, ésa parece ser la única opción para salvar a la monarquía de las duras críticas que viene recibiendo y como forma de preservar una institución que no es del todo inútil. Don Juan Carlos debe pasar el testigo, de manera que don Felipe pueda allanar el pedregoso camino que sin duda le deja su predecesor y demostrar que la Casa Real sigue siendo una noble institución al servicio de los españoles. Ahora más que nunca, sus miembros deben ganarse el sueldo, ya que si la monarquía sigue dando palos de ciego no va a quedar ciudadano que la defienda, y con la corrupción presente en los partidos políticos parece dudoso que los españoles se presten a una república.

Democracia y educación

Los sucesivos recortes del Gobierno español en materia de educación ponen en peligro la capacidad de los ciudadanos para ejercer la democracia

Los españoles llevamos oyendo desde hace un lustro que el país no funciona, pero que nos van a sacar de ésta. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (y su horda de ministros sin estudios) y el actual presidente Mariano Rajoy, ambos inexplicablemente licenciados en Derecho, lanzan mensajes de tranquilidad y esperanza mientras las cosas cada día parecen ir peor. Pero no debemos olvidar que España es sólo un reflejo de lo que está sucediendo en todo el mundo, el síntoma de una enfermedad mucho mayor. Y los efectos de esa enfermedad no sólo tienen consecuencias en la economía de todas las naciones, sino en la propia configuración de sus poblaciones.

El mero surgimiento de la llamada marea verde es ya un indicio de que algo falla en la educación española. Los sucesivos recortes en este sector vital para toda sociedad, lejos de alarmarnos, se nos antojan la consecuencia natural —indeseada e intolerable, pero natural— de la situación actual y nadie parece ser consciente de la importancia de la educación en la base de cualquier Estado social y democrático de derecho, pues no existe democracia sin conocimiento, y éste no requiere caudales ingentes de información, que es lo que caracteriza la época en la que vivimos, sino una educación que permita analizar, interpretar, entender y extraer conclusiones de dicha información. Sin esta capacidad, los ciudadanos nos encontramos vulnerables ante los tejemanejes de nuestros gobernantes, que prosiguen con su letanía: «No os preocupéis, nosotros nos encargamos de todo».

Cada cambio de Gobierno en España ha supuesto una nueva ley para la regulación de la educación en España (LOGSE, LOCE, LOE, LOMCE...) en atención al derecho constitucional de los ciudadanos al «desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales» (artículo 27.2), pero la educación básica no prevé enseñar estos derechos y libertades fundamentales, ya que en la asignatura creada ad hoc para ello se estudia de todo menos ética y ciudadanía (más bien, la asignatura de nombre cambiante ha sido usada cada vez más para el adoctrinamiento ideológico), atentando contra el esencial carácter social de la educación. Si los individuos no conocen sus derechos y deberes, ¿cómo se supone que podrán llevar a cabo sus actividades dentro de la sociedad?

Lo mismo sucede con la Economía, segundo pilar de la educación y asignatura imprescindible para la comprensión de cuanto sucede a nivel mundial y las implicaciones de las actuaciones de los políticos. Gracias al ministro de Educación, José Ignacio Wert, esta materia ha perdido todavía más importancia de la que tenía, considerando que anteriormente ni siquiera era obligatoria a pesar de su trascendencia. Ello, sumado a la cada vez menor exigencia de conocimientos matemáticos, redunda en unos graduados incapaces de comprender grandes magnitudes expresadas en números, fenómeno de incultura análogo al analfabetismo que el matemático estadounidense John Allen Paulos ha denominado anumerismo.

El mismo ministro Wert ha anunciado recientemente la eliminación del provechoso Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (SICUE, popularmente conocido como beca Séneca), consistente en unas ayudas de movilidad creadas por Mariano Rajoy en 1999¹, cuando ocupaba el cargo de Wert en el Gobierno de José María Aznar. El otro gran recorte del Ministerio ha sido la sustitución de las becas para aprender idiomas en el extranjero por «cursos de inmersión en España» de discutible eficacia en comparación, como ha señalado la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero (Aseproce).

La relevancia de este cambio es máxima en un mundo americanizado, en el que los idiomas —y, especialmente, el inglés— son requisitos indispensables para acceder al ideal de movilidad internacional. No obstante, el nivel de inglés en España es, cuando menos, cuestionable, lo que ha llevado a promover cada vez más el bilingüismo en los centros educativos. El intento es digno de elogio, mas la realidad obliga a realizar una autocrítica: las lenguas extranjeras en España son como el alibombo sobre el que cantaban Enrique y Ana: un ente casi mitológico que, en contra de lo evidente, todos afirman conocer.

Y no sólo nuestros conocimientos de otras lenguas son deficientes, sino que tampoco parecemos saber demasiado acerca de otros países, sobre todo de los continentes africano y asiático. Prueba de ello son las asignaturas de Geografía, que aborda el asunto sólo tímidamente, y Literatura, en la cual ni siquiera se estudian las obras de escritores extranjeros, de modo que los alumnos se gradúan sin conocer —o conociendo acaso por cultura general, los que la tengan— a escritores como Dante, Shakespeare, Molière, Defoe, Poe, Dickens, Lear, Dostoyevski, Flaubert, Tolstói, Carroll, Twain, Stoker, Wilde, Conan Doyle, Chéjov, Wells, Proust, Joyce, Lovecraft, Fitzgerald, Nabokov, Hemingway, Orwell, Salinger, Kerouac, Capote o Kundera, por citar a unos cuantos. Y la situación es aún peor en algunas comunidades autónomas.

A este déficit de cultura literaria hay que sumarle la absoluta exclusión del audiovisual de las aulas, lo cual no deja de ser congruente con una docencia incapaz de usar los recursos tecnológicos para dinamizar las clases y facilitar la enseñanza. Ello se debe a la extrema infravaloración en España de las artes en general, que sólo se abordan en las asignaturas de Historia y Música de manera sucinta y en algunas opcionales. Con respecto al arte considerado históricamente relevante, los alumnos reciben conocimientos básicos sobre pintura, escultura y arquitectura, sobre todo, si bien con un claro descuido de las manifestaciones artísticas más recientes, tendencia que también se acusa en Música a pesar de la innegable importancia musical de la segunda mitad del siglo pasado. Todo ello sin mencionar la casi total desaparición de las artes escénicas, que deben estudiarse a través de asignaturas opcionales y actividades extraescolares (en los centros donde se ofrezcan) o centros especializados. Por aportar un dato significativo, según las estadísticas del Espacio Madrileño de Enseñanza Superior (EMES), de los alumnos que se presentaron a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Madrid en 2012, sólo un 2,5 % procedían de los Bachilleres artísticos.

Esta situación no es de extrañar teniendo en cuenta que, a pesar del «carácter activo y creador» que se le supone a la educación desde incluso antes del franquismo, en la actualidad no se valoran la originalidad ni la creatividad, así como no se promueve la intelectualidad, lo que ha contribuido al estancamiento de la labor docente (en cierta medida materializado en el desmericimiento del Magisterio como carrera profesional) y la disminución progresiva del interés por parte de profesores y alumnos. Asimismo, la división de la educación en Letras y Ciencias ha fomentado la errónea idea de que los primeros no tienen por qué saber realizar cálculos y los segundos no necesitan aprender a expresarse con corrección.

Ésta última es una idea especialmente peligrosa, por cuanto no saber usar el lenguaje nos impide comunicarnos y transmitir ideas a los demás (de ahí la importancia del Latín, una asignatura con visos de desaparecer de continuar las cosas como están). Como proclama el artículo 3 de la Constitución Española, «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla», respetando y protegiendo «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España». Además, conocer el lenguaje resulta esencial para no dejarse engañar por los trucos de la demagogia, por lo que antiguamente se consideraba inherente a la educación enseñar los rudimentos de la retórica u oratoria, hoy sólo presentes de manera sutil dentro del temario de Filosofía relativo a la lógica.

La asignatura de Filosofía es también fundamental —aunque no todos sepan valorarlo— para el ciudadano perfecto de la democracia, ya que proporciona las estructuras mentales necesarias para reflexionar y comunicarse. Sin este necesario complemento del lenguaje, todos los conocimientos adquiridos en asignaturas como Economía e Historia resultarían inútiles, puesto que faltaría la base sobre la que construir un discurso razonado, coherente y estable. Sin embargo, es otra asignatura cada vez más menospreciada y ante la que los alumnos se preguntan para qué sirve. Después de todo, ¿qué probabilidad hay de que surja el nombre de Tomás de Aquino en una conversación normal?

Una última asignatura presente en la educación obligatoria española es la Religión, la cual, dado el pasado del país, debe identificarse con la enseñanza de la historia y valores del catolicismo, como puede entenderse del artículo 16.3 in fine de la Constitución. Aunque es cierto que la educación siempre ha estado a lo largo de la historia muy ligada a la Iglesia, ello parece incompatible con determinadas enseñanzas deseables en la actualidad, perpetuando prejuicios y estereotipos que posiblemente no se avivarían si se enseñaran la historia y fundamento de las distintas religiones mayoritarias. Además, es discutible la congruencia de permitir este tipo de educación a la vez que se prohíbe la enseñanza privada con fines políticos o de adoctrinamiento.

El sistema universitario no es mucho mejor, partiendo de la base de que un 94% de los que se presentaron en 2012 a la PAU aprobaron en junio. Es sólo un síntoma más de la dolencia europea comúnmente conocida como plan Bolonia, que se basa en una utópica evaluación continua y en que la mayor parte del trabajo tiene que venir de parte de los alumnos. Justo lo que necesitaba una educación ya caracterizada por la absoluta despreocupación y discrecionalidad de sus docentes. Por no mencionar que la única alternativa a la universidad en España son determinadas escuelas privadas, dado el inexplicable descrédito en el país de la formación profesional.

La situación de la educación en España nunca había sido tan crítica como ahora: en la educación obligatoria, los conocimientos son insuficientes y se repiten cíclicamente, impidiendo la enseñanza de otras materias igualmente importantes; en la universitaria, la masificación de las aulas y las crecientes tasas convierten el sistema en una fuente de continuos problemas. Algunos docentes ya apuntan la posibilidad —en contra de la voluntad del líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba— de resucitar el examen de la reválida para acceder a los distintos tramos de la educación secundaria (ESO y Bachiller), así como endurecer los criterios de corrección de la PAU, especialmente en lo referente a faltas de ortografía y uso inadecuado del lenguaje. Desde el sector estudiantil, al más puro estilo de Beatriz Talegón, se exige aumentar el peso de su representación en los órganos de gobierno de las universidades, a pesar de los pobres resultados de instituciones similares, como las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA).

Se suele afirmar que actualmente disponemos de «la generación mejor preparada de la historia». Dejando de lado lo cuestionable de semejante aserción, vista la mediocridad de una preocupante mayoría de los graduados escolares y hasta universitarios, debe señalarse, como hizo Wert hace medio año, que lo importante no es que los estudiantes estén más formados que sus antepasados, sino «tan preparados como la mayor parte de con quienes tendrán que competir para encontrar un puesto de trabajo».

Más por menos

El metro de Madrid prosigue su declive para descontento de los ciudadanos

«Ahorro en el metro con una nueva conducción». Al leer este titular, cualquier viajero del metro de Madrid responderá: «Sí, más lenta». Y es que, desde hace un par de años, los que no tenemos más remedio que hacer uso del transporte público de Madrid hemos visto cómo poco a poco una de las mejores —se decía— redes del mundo de este tipo se degradaba, recorte a recorte. En febrero, los billetes de autobús y metro en la Comunidad han sufrido un aumento medio del 3% en su importe, la tercera subida en menos de un año (un 11% en mayo y otro 2% de ajuste al nuevo IVA en septiembre). Y no es que las continuas huelgas y parones hayan contribuido a disminuir el descontento generalizado, pero ya casi es imposible discernir, por el mal funcionamiento de la red, qué días se ha decretado huelga y cuáles no.

Prácticamente a diario, el metro importuna a sus clientes excusándose por los fallos técnicos, averías, objetos o animales en las vías y un sinfín de causas, a lo que hay que sumar la reducción del número de convoyes (medida de ahorro aparentemente preferible a recortar en el pobre pero costoso canal de televisión), con la consiguiente dilatación de los tiempos de espera, que en hora punta pueden ser de varios minutos (ya no hablemos de un domingo por la tarde). Por lo que respecta a las infraestructuras, cabe apreciar muy pocas mejoras recientes de cualquier tipo (las comparaciones con otros suburbanos del mundo son vergonzosas), a excepción del nuevo sistema de escaleras mecánicas, gracias al cual es casi imposible no toparse con al menos una escalera inoperativa al día (en el caso de Avenida de América, son ya dos semanas sin funcionar, lo que genera lentas colas de personas que tratan de subir y bajar una única escalera demasiado estrecha para acceder a dos trenes distintos).

Al menos uno espera que estas medidas estén contribuyendo a reducir gastos en el sistema, pero es imposible no recordar aquella publicidad de hace poco más de un año en la que la Comunidad se jactaba de tener el metro más barato… en comparación con París, Nueva York, Estocolmo u Oslo. Salvando la evidente engañifa demagoga de los datos, cabe señalar que en seguida hubo de retirarse para dar paso a los nuevos tarifazos. Pero no seré yo quien critique esta situación, ya que al parecer desde arriba quienes no usan tanto como nosotros el transporte público nos animan a regocijarnos por pagar, citando el rótulo de aquella publicidad, más por menos.