La designación por el Vaticano del nuevo papa incita al debate en torno a la situación de la Iglesia católica en España
La Iglesia católica eligió la semana pasada a su nuevo representante, el bonaerense Jorge Mario Bergoglio, primer papa hispano en más de cinco siglos. Con este cambio de aires en la cúpula del catolicismo, se han reavivado en España las opiniones sobre el estado de la Iglesia, especialmente en lo que se refiere a su financiación.
El Anuario Estadístico de la Iglesia para 2012 calcula que en España existen 42 millones de bautizados, es decir, el 92 % de la población, a pesar de que sólo el 73,1 % de los españoles declararon ser creyentes en la última encuesta del CIS. Sin embargo, apenas el 35 % de la población española contribuye marcando la casilla de la declaración de la renta por la que el 0,7 % de la recaudación se destinaría a la Iglesia católica.
Por otro lado, la institución cuenta con una exención fiscal en virtud de un acuerdo con la Santa Sede firmado en 1979, texto que fue ampliado con la Ley de Mecenazgo durante el gobierno de José María Aznar. Este «privilegio fiscal» se ha venido señalando desde Izquierda Unida como «inadmisible» en un Estado aconfesional como el español, a lo que los ecónomos han reaccionado denunciando una «tercera desamortización» y la «fiscalización de la caridad de la Iglesia».
Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, señala el ahorro al Estado que suponen los centros educativos religiosos y el decisivo sustento —refutado por el director de Cáritas Diocesana de Barcelona, Jordi Roglà— de la Iglesia a Cáritas. No obstante, los cinco millones de euros anuales que debería pagar la Iglesia en concepto de IBI probablemente la obliguen una vez más a defender sus intereses frente a una sociedad cada vez más secularizada.
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