La criminalización de los escraches crea un «falso conflicto» que distrae la atención de su objetivo
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció dos semanas atrás que se establecerán perímetros de seguridad contra los escraches ante los domicilios de políticos. Hasta la fecha, más de una docena de miembros del Partido Popular se han enfrentado ya a este método de protesta basado en la acción directa. La primera fue la concejal barcelonesa María Ángeles Esteller, quien calificó el acto de «antidemocrático» (expresión que también usó recientemente Cristina Cifuentes) y «coactivo», en contra de la opinión del 75 % de las asociaciones de jueces que han expresado su parecer al respecto.
Cifuentes ha dado un paso más allá al afirmar que los escrachistas apoyan a grupos «proetarras», pero se muestra convencida de que «la inmensísima mayoría del pueblo español está en contra» del escrache, a pesar de que actualmente el 78 % de los españoles secundan este método, según Metroscopia. Eso sí: «siempre y cuando se lleve a cabo de forma pacífica», como han procurado señalar todos sus defensores, entre los que se encuentra la Organización Internacional del Trabajo.
Por mucho que María Dolores de Cospedal se empeñe en definir los escraches como «nazismo puro», se trata de una medida necesaria cuando todo lo demás ha fallado (denuncias, peticiones, manifestaciones y hasta una iniciativa legislativa popular). Ni siquiera sirve censurar el término bajo el argumento de que existen equivalentes en castellano, como se ha pretendido desde la Policía Nacional. Los ciudadanos tienen el derecho y el deber de exigir a sus representantes que hagan valer la voluntad popular.
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