Una respuesta democrática

La criminalización de los escraches crea un «falso conflicto» que distrae la atención de su objetivo

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció dos semanas atrás que se establecerán perímetros de seguridad contra los escraches ante los domicilios de políticos. Hasta la fecha, más de una docena de miembros del Partido Popular se han enfrentado ya a este método de protesta basado en la acción directa. La primera fue la concejal barcelonesa María Ángeles Esteller, quien calificó el acto de «antidemocrático» (expresión que también usó recientemente Cristina Cifuentes) y «coactivo», en contra de la opinión del 75 % de las asociaciones de jueces que han expresado su parecer al respecto.

Cifuentes ha dado un paso más allá al afirmar que los escrachistas apoyan a grupos «proetarras», pero se muestra convencida de que «la inmensísima mayoría del pueblo español está en contra» del escrache, a pesar de que actualmente el 78 % de los españoles secundan este método, según Metroscopia. Eso sí: «siempre y cuando se lleve a cabo de forma pacífica», como han procurado señalar todos sus defensores, entre los que se encuentra la Organización Internacional del Trabajo.

Por mucho que María Dolores de Cospedal se empeñe en definir los escraches como «nazismo puro», se trata de una medida necesaria cuando todo lo demás ha fallado (denuncias, peticiones, manifestaciones y hasta una iniciativa legislativa popular). Ni siquiera sirve censurar el término bajo el argumento de que existen equivalentes en castellano, como se ha pretendido desde la Policía Nacional. Los ciudadanos tienen el derecho y el deber de exigir a sus representantes que hagan valer la voluntad popular.

El motín del escrache

El pueblo usa los escraches como arma para dar su merecido a los políticos

Escrache es una palabra muy pronunciada últimamente y acompañada de una gran polémica por las acciones que implica. El debate por el término plantea cuestiones como hasta qué punto deben ser permitidas estas actuaciones, que son principalmente insultos y acosos a los cargos políticos de nuestro país. Los dirigentes se echan las manos a la cabeza por esta actitud ciudadana; la secretaria general del PP, Mª Dolores de Cospedal, ha llegado a tildarlo de “nazismo puro”, un calificativo exagerado si no se reflexiona sobre el porqué de los escraches.

Es hora de asumir las responsabilidades de gobierno por parte de nuestros políticos. Nada justifica un insulto o un ataque, pero no puede sorprender el agotamiento de los ciudadanos, que han visto en los últimos años cómo la corrupción ha ido a más en el ámbito político, con penas irrisorias para los culpables y casos que se prolongan de forma indefinida por la lentitud de la justicia en este país. Los políticos han llevado a cabo a lo largo de esta legislatura políticas económicas restrictivas mientras ellos se llenaban los bolsillos; ejemplos de ello son la ley de desahucios, declarada abusiva por el Tribunal de Justicia de la UE, o la ley hipotecaria, ilegal según el Tribunal de acuerdo con lo que establece la Directiva 93/13/CEE sobre Claúsulas Abusivas en los Contratos Celebrados con Consumidores.

Una economía estancada y plagada de recortes asfixiantes ha hecho de los escraches el medio para atacar directamente a la clase política, una vía rápida para la justicia ciudadana. Dejaremos al lector el decidir si los cargos políticos se merecen o no el tratamiento recibido con los escraches, pero lo que no extraña ni sorprende es por qué se ha llegado a esta situación. Medidas desesperadas para tiempos desesperados.

Una Iglesia plagada de contradicciones

La Iglesia católica sigue manteniendo su influencia social en una España aconfesional y crítica con su cúpula dirigente

La Iglesia católica ha sido desde hace años objeto de debate que se ha polarizado en la última década. Por un lado, están los defensores a ultranza de una institución que no deja de tener muchas costumbres arcaicas e incompatibles con el pensamiento actual, basado en la igualdad de género, como viene a ser la imposibilidad de que las mujeres accedan a los más altos peldaños en la jerarquía de la Iglesia o los numerosos casos de pederastia que han sido encubiertos durante años, como el del cardenal Roger Mahony, destituido de todos sus cargos por amparar pederastas. De otra parte, tenemos unos detractores que hacen de su odio una generalidad, cuando toda generalización es, a mi parecer, injusta. Es curioso cómo la población poco partidaria del catolicismo se centra en abusos generalmente cometidos por lo que podríamos definir como el alto clero, aquellos eclesiásticos llenos de anillos y cadenas doradas abanderados de posturas contrarias al aborto o la homosexualidad, mientras que olvidan la labor de tantos otros miembros de la Iglesia que dedican tiempo y recursos a la población marginal y con problemas a través de organizaciones como Cáritas, que destinó el 71 % de sus recursos a paliar problemas de vivienda, o Manos Unidas.

En el caso de España, la religión está muy arraigada en el imaginario social de los ciudadanos a pesar de ser un país aconfesional desde que así se estipulara en la Constitución del 78. Las estadísticas actuales, con un 73 % de la población autodefinida como católica según los datos del CIS de 2013, están muy lejos de la afirmación que Azaña hiciera en la República: “España ha dejado de ser católica”. Lo que no parece lógico es que en estos momentos de crisis económica las clases sociales medias y bajas se vean asfixiadas por los recortes y el Gobierno ni se haya planteado que la Iglesia contribuya fiscalmente en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos e instituciones.